Por Azucena Meza
Cuando el dolor embarga, la pena duele y la injusticia impera, la sociedad toma conciencia. Lamentables acontecimientos hemos sido testigos los sudcalifornianos, ante los arrebatos del crimen, Baja California Sur es el escenario de la muerte. Callar, observar, no hablar, en torno al tema de seguridad, quizás se ha vuelto la disyuntiva de muchos periodistas, que pese a los peligros que ello implica, hay quienes aún fieles a la libre expresión y su pluma, han decidido seguir informando, un profundo reconocimiento a ellos.
A
penas el día de ayer 19 se registró la muerte por arma de fuego del Comandante
Rojas, y hoy 20 de noviembre, minutos antes de las 7 p.m., pierde la vida el
Prof. Silvestre De La Toba y su hijo, tras recibir varios impactos de arma
mientras se desplazaba en su vehículo en compañía de su familia, justo en
calles Forjadores y Colosio, quien se desempeñaba como Presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, este hecho sin
duda marcará un antes y un después en la administración del Gobernador Carlos
Mendoza Davis, toda vez que el tema de la seguridad pública se ha vuelto el
talón de Aquiles de este gobierno, mucho tiene que ver que no se han visto
resultados al respecto.
Sin
amarillismos, ni retazos de morbosidad, la ciudadanía no ha perdido detalle en
redes sociales a los últimos acontecimientos barbáricos de armas de fuego, que
no son para dar carpetazo, de ninguna manera. El tema de la seguridad pública
de antemano tan complejo como la propia corrupción que entraña a los gobiernos
y a la sociedad misma y que no respeta niveles ni estatus, se vuelve más que
una política pública de gobierno, bien o mal ejecutada, se trata de un mandato
constitucional, el más relevante de todos en el marco de cualquier integración
de un Estado, máxime si éste se dice ser Democrático y representativo, pues en
la seguridad pública y su eficacia, descansa el elemento que le da
gobernabilidad, cohesión e integración social a cualquier conformación de
Estado. Fallando éste, se está a un paso de la anarquía toda vez que el
gobierno queda rebasado.
3
horas y media posterior de la tragedia del asesinato de Silvestre De La Toba y
su hijo, se citó para la conferencia de prensa en donde se informaría de los
hechos lamentables, en la cita hablaron el Secretario General de Gobierno De la
Peña Angulo y el Procurador Palemón, muchos como yo, seguimos la transmisión en
vivo a través de las redes sociales, pudimos ser testigos de que citaron a las
10:30 p.m. y empezaron 15 minutos después; era entendible y de esperarse que la
información arrojada al momento fueran los datos ya conocidos y manifestar la
posición del gobierno del estado en torno a los hechos. No obstante, ante tanta
indignación social, resulta complicado digerir el discurso gubernamental en
materia de seguridad pública, puesto que no se han visto resultados y por el
contrario, este mes de noviembre ya se registran más de 30 muertes por armas de
fuego.
Sin
lugar a dudas, una reacción natural que todos esperarían de este gobierno como
señal de avance en el tema, es en primera instancia, la remoción inmediata de
quienes encabezan las funciones de seguridad pública.
¿Qué
están esperando para que haya cambios?
El tema político como en todo, libera una dosis de toxicidad a cualquier tema, este no es la excepción, son tiempos de definiciones políticas, y el Gobernador del Estado, lo tiene claro, aunque como lo comentaba en anteriores reflexiones, Carlos Mendoza se encuentra en graves aprietos, porque su credibilidad pierde terreno, no solo en el plano interno de Acción Nacional, partido que le dio espacio para ser Secretario General de Gobierno con Marcos Covarrubias sino que además le ha dado espacio para ser Gobernador del Estado, pero pierde terreno también, en el tema de la legitimidad, puesto que las acciones que ha emprendido en el tema de seguridad, por más mínima que ésta sea, viene acompañada de la falta del respaldo social, su desaprobación oscila en el 60% a dos años de su administración.
Ésta
tónica obliga al gobernador a dar un paso fuerte, no tiene más opción y el
asesinato muy lamentable del Presidente Estatal de la CEDH Silvestre de la
Toba, debe ser el momento para demostrar de qué está hecho su gobierno. Pues de
no resolverse el caso, lo mínimo que podemos esperar los sudcalifornianos, son
varias renuncias.
Un
lugar turístico como Baja California Sur, y la derrama económica que ello
implica para los sudcalifornianos, debe ser resguardado por quienes nos
gobiernan.
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