*En total la población que vive en alguna situación de riesgo es de 44,540 habitantes.
*Telarañas que envuelven a Los Cabos, hacen atractivo el negocio inmobiliario.
Azucena Meza
En su paso por Baja California Sur, la tormenta tropical Lidia deja una singularidad huella política y un natural registro metereológico que quedó para contarse, y es que, no solo dejó destrucción en viviendas, negocios y vialidades carreteras los cuales siguen en proceso de cuantificar sus daños por las autoridades de los tres niveles, también puso al descubierto el gandallismo y los posibles actos de corrupción en el mundo inmobiliario del municipio de Los Cabos, después de que se diera a conocer la noticia del derrumbe de un edificio de cuatro pisos por la crecida del arroyo, destinados a conjunto habitacional ubicado en la colonia Chulavista, y de las valoraciones por la autoridades de la Delegación Federal Fovissste respecto al posible desplome de dos edificios más de esa zona.
¿Cuál es la lectura ante este escabroso tema?
Debemos en primera instancia plantear tres escenarios propios del municipio de Los Cabos, el primero, que tiene que ver con los indicadores sociodemográficos, y su particular crecimiento disperso de la ciudad, derivado entre sus múltiples causas, por el tipo de economía que mueve a las ciudades que integran a ese municipio, que son principalmente la localidad de San José del Cabo y a Cabo San Lucas. Este crecimiento económico es impulsado por la afluencia turística, que trae consigo el aumento natural de la población migrante y con ello, la exigencia de la demanda en viviendas. Al respecto, la proyección al 2040 según el Consejo Nacional de Población, estima que el municipio de Los Cabos aumente a 600 mil habitantes, esto significa que se triplicará la población.
El segundo escenario, que tiene que ver con las características de vulnerabilidad en las que se sitúa el municipio, ante la presencia de los fenómenos naturales, y es que, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Los Cabos recibe en promedio anual amenazas por 15.2 fenómenos. Por otra parte, de acuerdo al instrumento de Planeación de Desarrollo Municipal de Los Cabos 2015 – 2018, existen 1,281 habitantes en zonas de muy alto riesgo; 3,393 hab. en alto riesgo; 4,662 hab. en riesgos medio; 11,100 hab. en un riesgo bajo y; 24,104 en riesgo muy bajo, en total la población que vive en alguna situación de riesgo es por 44,540 habitantes.
El tercer escenario, muy peculiar del municipio de Los Cabos está ligado a las ya históricas y muy famosas invasiones generadas en zonas de riesgo, que impulsados por grupos de personas, -profesionales en el tema-, promueven en la furtividad, la invasión alentados por la necesidad y promesa de que en lo futuro generaran una posesión y por consecuencia, se les provea de los servicios básicos. No obstante también, los posibles de actos de corrupción que se pueden vincular con este tema.
A grandes rasgos, como podemos destacar a Los Cabos lo envuelve una telaraña de factores que entre el clima, el despliegue económico provocado por la afluencia turística, el notable crecimiento poblacional y con ello, el aumento en la demanda de servicios de vivienda, la ocupación de tierras en zonas de riesgo y su furtiva promoción, así como la incapacidad hasta ahora de los tres niveles de gobierno para resolver el tema de las tierras, su regularización y ordenamiento territorial, colocan a este municipio cabeño, en un amplio terreno fértil para aquellas inmobiliarias que ven esta zona todo un paraíso económico.
Lidia marcó una antesala importante en este escabroso tema de la absurda construcción de conjuntos habitacionales en crecidas de arroyos o bien zonas de alto riesgo, como sucedió el pasado 31 de agosto, ante la caída del edificio de Chulavista. Lo increíble y paradójico del tema, es que en un acto eficaz de los gobiernos para el cumplimiento del protocolo de protección civil en contingencias como Lidia, éste edificio fue evacuado una noche antes, según la versión oficial. Es paradójico en tanto, dicha evacuación no debiera tener razón de ser. Cierto, un acto acertado pero por demás contradictorio, que pone a la luz las posibles acciones de corrupción que tuvieron que gestarse para poder construir este conjunto habitacional en esta zona.
Muchas preguntas tendrán que responderse por parte de las autoridades, por lo pronto, nos preguntamos naturalmente ¿quién autorizó la construcción en esta zona de riesgo? ¿Por qué CONAGUA permitió a la empresa inmobiliaria este desarrollo, conociendo las crecidas y causes?
Si queremos evitar catástrofes mayores y pérdidas humanas, con la llegada de estos fenómenos meteorológicos, tendríamos que iniciar por hacer una autoevaluación, desde el marco normativo que realmente se cumpla, que no haya filtros humanos en la burocracia que desvirtúe la aplicación de la ley, o de lo contrario, ningún acto ni protocolo de protección civil será suficiente para responder al desarrollo urbano generado en zonas de riesgo y alto riesgo.
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